La Unión Industrial apura el desalojo de Naranpol

naranpol empresa

"Cómo puede ser que la orden judicial de desalojo de la planta industrial de la empresa, usurpada por unos treinta empleados, no puede ser ejecutada pese al oficio enviado al Ministerio de Seguridad para que ponga inmediatamente a disposición del juez las fuerzas policiales necesarias para dar cumplimiento a la medida", planteó la Unión Industrial. Y se preguntó: "¿Quién defiende a los 770 empleados restantes?".

"Si no se respeta el derecho constitucional a la propiedad y si además se cuenta con la complicidad del director general de Cooperativas y Mutuales del Ministerio de la Producción de la Provincia que solicita con carácter de \'urgente\' la inscripción de la Cooperativa de Trabajo Naranpol por tratarse de \'una empresa recuperada\' en el domicilio usurpado y con iguales fines, asumiendo atribuciones intolerables de decidir el estado procesal de una empresa en concurso, no tenemos otro camino que pensar que la administración de gobierno no está en las mejores manos. Si no se deja ingresar a funcionarios de Assal para determinar las condiciones bromatológicas de los productos que el grupo usurpador salió a vender por cuenta propia, otra vez el Estado está ausente", agregó.

"Cuando la empresa es despojada de sus bienes y la provincia no interviene. Cuando un director provincial del Ministerio de la Producción emite resoluciones que corresponde a la justicia oponiéndose a la división de poderes establecida en la Constitución Nacional y Provincial. Cuando se avala la usurpación. Cuando una cooperativa creada el 3 de enero se instala en el domicilio usurpado. Cuando las órdenes judiciales no se pueden cumplir, nos enfrentamos a un estado espectador, no siempre imparcial, que legitima a los grupos violentos que toman por asalto los bienes empresarios para apropiarse gratuitamente de ellos", concluyó la Unión Industrial.

El conflicto en la empresa Naranpol comenzó en junio pasado, cuando la empresa unilateralmente decidió pagar el salario mínimo, vital y móvil en razón de encontrarse en convocatoria de acreedores desde el 9 de mayo. Los trabajadores no aceptaron la decisión de los herederos de la firma, Martín y Lucía Galán, y comenzaron las protestas. Luego de meses de negociaciones infructuosas en el Ministerio de Trabajo, un grupo de empleados decidió formar una cooperativa para tomar el control de la producción, pero los empresarios concurrieron a la justicia. El juez Gustavo Ríos ordenó el desalojo, de manera pacífica, y el gobierno provincial --con el ministro de Justicia Juan Lewis como vocero-- inició las negociaciones con los trabajadores que toman la planta. El funcionario provincial afirmó que el gobierno "no puede entrar a sangre y fuego a desalojar el edificio". Ahora, la Unión Industrial apura las definiciones.