Por qué no se aplicó el protocolo antipiquetes en la marcha de ATE

 Se trató, nuevamente, de leer la letra chica. El anuncio del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich de implementar un nuevo protocolo antipiquetes que prometía un pronto desalojo de manifestaciones que corten los accesos en la vía pública y hasta un incómodo "corralito" para contener a trabajadores de prensa bajo la excusa de proteger su integridad física. Su test drive, por así decirlo, llegaría ayer por la mañana, de cara a la manifestación general con Callao y Corrientes como epicentro, convocada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), las Centrales de los Trabajadores Argentinos (CTA) de Hugo Yasky y la Autónoma (CTAA) de Pablo Micheli más el apoyo de diversos grupos de izquierda como el PTS. Su trasfondo: el primer paro laboral convocado para la gestión de Mauricio Macri, una jornada de lucha que se extendió a Plaza de Mayo, con hospitales y a dependencias judiciales de la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, de cara a la obvia tensión, el protocolo no se aplicó. Se vio, básicamente, todo lo contrario: las fuerzas de seguridad casi no entraron en acción y ni siquiera intervenían, en algunos casos, para al menos guiar a los automovilistas que buscaban esquivar los cortes. Que el protocolo no haya sido publicado en el Boletín Oficial fue otro factor de confusión, aunque desde el Ministerio de Seguridad en Paseo Colón aseguraban con vehemencia ayer por la tarde que el protocolo "estaba vigente".

¿Qué ocurrió? Una simple razón jurisdiccional. "No se va a aplicar el protocolo. Callao y Corrientes corresponde a Ciudad, nosotros nos concentramos en los accesos y fuerzas federales", afirmaba a Infobae una voz autorizada en la cartera de Seguridad nacional al comienzo de esta mañana. Cerca de Horacio Rodríguez Larreta, un alto funcionario explicó: "No hay ninguna tensión entre la Ciudad y Nación. La cuestión es simple. El protocolo que anunció Bullrich es para las fuerzas federales. Para usarlo en suelo porteño, hay que adaptarlo a las necesidades y particularidades porteñas y a la Policía Federal". La cuestión, entonces, fue derivada al ministro Ocampo.

Un miembro clave de su equipo asegura que efectivamente "no hay un protocolo antipiquetes para la Ciudad por el momento, pero se adhirió al presentado por Nación y se está trabajando en adaptarlo a las particularidades de la Ciudad". La intención, aseguran cerca de Ocampo es "claramente no reprimir".

Una voz en un área de Seguridad del nuevo Gobierno es algo más crítica: "Bullrich cuida los accesos federales, pero no puede legislar sobre cada distrito. Del puente Pueyrredón para adentro, lo que presentó no es válido. Y no se pidió consenso a nivel nacional, por otra parte". En el Consejo de Seguridad Interior, celebrado en Bariloche días atrás, asegura la misma fuente, "no se votó, por ejemplo, entre todas las provincias, a ver si unas adherían, si otras no, si se adaptaban a sus necesidades locales. Se puso el tema en el tapete. Y en la Ciudad claramente tenés que adaptarlo. Callao y Corrientes te lo pueden cortar 200 docentes o dos mil trabajadores despedidos con el apoyo de todos los movimientos de izquierda. ¿Los vas a sacar a golpes si no se mueven? En definitiva, sos rehén de lo que escribís".

La polémica llegó a nivel judicial. La fiscal contravencional porteña Andrea Scanga invocó un instructivo de 2003 de la Fiscalía General para que se liberen algunos carriles y emitió la orden a las fuerzas de seguridad. Por su parte, la Cámara Penal del mismo fuero rechazó ayer un hábeas corpus preventivo para que el protocolo no se use en el paro de hoy.