La Administración Trump revocó la visa de la embajadora brasileña en Estados Unidos

Estados Unidos revocó el martes el visado de la embajadora de Brasil en Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti, en respuesta a la demora de las autoridades brasileñas en otorgar la autorización diplomática a Daniel Pérez para asumir la embajada estadounidense en Brasilia, informó el Departamento de Estado estadounidense, citado por Globo.com.

El Departamento de Estado declaró que la revocación de la visa no implica la expulsión de la diplomática. Según el gobierno estadounidense, puede permanecer en Estados Unidos, pero sin una visa válida. La agencia gubernamental también indicó que el documento podría ser restituido si Brasil otorga la aprobación diplomática de Pérez.

Pérez fue nominado para ser embajador de Estados Unidos en Brasil en junio.

Hace dos semanas, su nominación fue aprobada por un comité del Senado estadounidense, pero aún debe ser ratificada por el pleno del Senado, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Además, según la tradición diplomática, antes de que un embajador asuma el cargo, el país receptor debe autorizar su nombramiento. Según el Departamento de Estado, Brasil aún no ha otorgado dicha autorización.

El gobierno estadounidense afirma que las autoridades brasileñas han indicado que la autorización solo se otorgará después de las elecciones presidenciales de octubre. El Departamento de Estado también declaró que no descarta otras medidas, agrega el informe.

La revocación del visado de la embajadora brasileña se anunció 10 días después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil denegara los visados a dos diplomáticos del Departamento de Estado que viajaban a Brasil: el subsecretario adjunto Riley M. Barnes y el subsecretario adjunto Samuel Samson.

En un informe del Washington Post, citado por Globo.com, ambos fueron señalados como responsables de una estrategia para cuestionar la integridad y la fiabilidad del sistema electoral brasileño.

Un portavoz del Departamento de Estado negó que los funcionarios tuvieran la intención de interferir en las elecciones.