Abuso sexual en la Escuela Penitenciaria: y liberaron a los siete cadetes acusados

En una audiencia realizada este viernes en los Tribunales de la ciudad de Santa Fe, la Justicia resolvió rechazar el pedido de prisión preventiva formulado por la fiscal Jorgelina Moser Ferro y otorgó la libertad con medidas alternativas a los siete cadetes aspirantes al Servicio Penitenciario investigados por un hecho de abuso sexual en grupo dentro de la institución.

Pese a denegar la cautelar de máxima gravedad, la jueza de la causa convalidó los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), dando por acreditada la existencia del delito de abuso sexual calificado, las lesiones sufridas por la víctima y la elevada pena en expectativa para los imputados.

"Si bien no se hizo lugar a la prisión preventiva por considerarse que el proceso se puede cautelar con alternativas, la jueza dio por acreditado el abuso sexual, las lesiones y la pena en expectativa", explicó Jorgelina Moser Ferro, fiscal de la causa.

Testimonio determinante y la declaración de los imputados

La víctima, un joven cadete de 19 años, prestó declaración en una jornada marcada por un fuerte impacto emocional. Pese al contexto de la audiencia, ratificó lo sucedido y solicitó expresamente que los agresores permanecieran detenidos. La Fiscalía respaldó sus dichos con los testimonios de tres testigos presenciales.

Estrategia defensiva: los siete acusados hicieron uso de la palabra y negaron su participación en los hechos. En sus testimonios afirmaron no haber estado en el lugar, o bien haber escuchado o visto de manera parcial lo sucedido.

Inconsistencias advertidas: para la fiscalía, el hecho de que los siete señalados por la víctima y los testigos aleguen no haber presenciado ni participado de la agresión resulta sospechoso y sugiere un posible intento de entorpecimiento probatorio.

Antecedentes: si bien no se registran denuncias previas similares en la institución, uno de los testigos refirió una irregularidad ocurrida con otra persona en el marco de una requisa.

Medidas alternativas fijadas: la Justicia ordenó la fijación de domicilio legal y la prohibición estricta de acercamiento o contacto con la víctima por cualquier medio (físico, telefónico o digital).