Tres policías de Santa Fe fueron expulsados por apremios ilegales

El Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe oficializó la expulsión de la fuerza policial de tres efectivos condenados por golpear a un joven y falsificar documentación oficial. La medida se concretó a través del Decreto N° 1919, firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, disponiendo además la cesantía en el cobro de sus haberes a Cristian Germán Gauna, Cantalicio Gustavo Javier Franco y José Carlos Yalasi.

Los hechos e investigación

El caso se remonta a septiembre de 2024 en la localidad de Colonia Francesa, departamento San Javier, donde los tres policías, dos de 44 años y uno de 47, fueron detenidos tras ser denunciados por golpear a un joven para obligarlo a confesar un presunto robo y alterar el libro de guardia para encubrir la agresión. La investigación fue impulsada por la Unidad Especial de Asuntos Internos y la Fiscalía Especial de Delitos Complejos a cargo del fiscal Ezequiel Hernández, e incluyó también la investigación de una cuarta empleada policial por encubrimiento en el Destacamento N° 6.

Condenas impuestas

En el marco del proceso judicial, la Justicia fijó para los tres involucrados una pena de tres años de prisión efectiva e inhabilitación especial por el doble de tiempo (seis años). Respecto a las responsabilidades individuales, Cantalicio Gustavo Javier Franco fue condenado como autor y coautor de apremios ilegales calificados por causar un grave daño a la salud de la víctima, falsedad ideológica en instrumento público, vejaciones y privación ilegal de la libertad por abuso funcional.

Por su parte, Cristian Germán Gauna fue condenado como coautor de apremios ilegales calificados en concurso real con falsedad ideológica en instrumento público, mientras que José Carlos Yalasi fue condenado como coautor de apremios ilegales calificados por provocar un grave daño a la salud de la víctima.

Firmeza y expulsión de la fuerza

Las condenas judiciales quedaron firmes en mayo de 2025, lo que motivó a la Secretaría de Control a solicitar en agosto de 2025 la destitución sin goce de haberes de los implicados. Con la rúbrica del decreto provincial, se efectivizó la expulsión definitiva de los agentes como una sanción severa frente al abuso de poder y la vulneración de los derechos ciudadanos en la provincia